Miguel
González Madrid
Propongo que una de las reformas
político-electorales a impulsar urgentemente en 2013, en México, sea la
siguiente:
Incorporar en la Constitución Política el derecho de los jóvenes (hombres y mujeres) a
participar en la representación política en una proporción no menor a 25 por ciento
del total de las candidaturas a cargos de elección popular, en elecciones
de diputados federales, diputados locales e integrantes de ayuntamientos.
Para ello se debe exigir también que se
homologue en todos los casos el requisito de edad mínima a 18 años para ocupar
dichos cargos. Además, propongo que se impulse simultáneamente la propuesta de
reforma constitucional –que se ha estado impulsando por mujeres legisladoras en
el Congreso de la Unión– consistente en que el principio de equidad de género,
aplicable a la composición de candidaturas a cargos de elección popular, sea de
50-50 por ciento de manera generalizada. Según la clasificación del INEGI, la población joven se sitúa en un rango de
15 a 29 años de edad.
Hasta ahora, en México, quienes tienen derecho a votar, son las personas de 18 años o más. Sin embargo, hay algunos
países en los cuales la mayoría de edad
se considera a partir de los 15 (Irak e Irán) o 16 (Cuba, Kirguistán, Escocia,
Turkmenistán, Uzbekistán) o 17 años (Corea del Norte, Tayikistán, Malta).
¿Por qué esa proporción “no menor a 25 por
ciento” que se propone? Porque esa es la
proporción de jóvenes –en ese rango de edad– que forma parte del total de la
población en México. En 1990, el porcentaje era
de 29, el cual disminuyó en 2000 a 28 y, según el Censo de Población y Vivienda
de 2010, representa el 26 por ciento del total de habitantes en el país. Cabe
agregar que el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional -con reglas diferenciadas- incluyen en sus estatutos prerrogativas a los jóvenes en este tema, y eso ya
es un avance en materia de juventud relacionada con la actividad política.
Yo digo que no hay que ser
conformista en las innovaciones que se pueden lograr en el sistema político
mexicano y, en especial, en el diseño de nuestro sistema electoral, por lo que
es urgente y necesario construir nuevos equilibrios en la representación
política nacional, local y municipal.
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