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En esta tesis doctoral el autor subraya que uno de los requisitos de la consolidación de un sistema político democrático se encuentra en la distribución justa de los escaños para la conformación de la representación política, según el principio de equidad aplicado con plenitud: dar a cada cual según su mérito o esfuerzo. En la historia de los sistemas electorales, sin embargo, se ha preferido tempranamente realizar elecciones democráticas conforme al principio (y regla) de que gana el partido que obtiene mayoría, de modo que un solo voto –o bien un determinado porcentaje de votos– puede dar esa diferencia. Pero, luego, pronto aparecieron quienes prefirieron un sistema electoral con el que los cargos electivos fueran repartidos según un porcentaje mínimo de votos obtenido por cada fuerza política contendiente. Más tarde, otros adoptaron o crearon variantes o alternativas con diseño mixto o combinado, con reglas, procedimientos y efectos específicos. Evidentemente, el éxito y la permanencia de uno y otro sistema electoral ha dependido de muchos factores y circunstancias, incluidos los intereses políticos.
En el caso mexicano, la combinación del principio de proporcionalidad con el principio de mayoría relativa a partir de 1977-79 fue parte del interés político para pluralizar el sistema de partidos y la representación política. El modelo resultante fue ajustado en 1996-97, con el propósito de lograr una representación política equilibrada en un rango de sobre y subrepresentación de entre +8 y -8 por ciento aplicable a todos los partidos políticos, lo cual implicó abandonar la “cláusula de gobernabilidad” que había imperado hasta entonces en beneficio del partido más votado para asegurarle directamente la mayoría parlamentaria. Se destaca, sin embargo, que dicho rango constituye una cláusula de gobernabilidad de nuevo tipo, toda vez que al partido más votado se le premia de otro modo, con un porcentaje excedente de escaños de hasta ocho por ciento por encima de su porcentaje de votación. Por ende, aquí se subraya que ello produce una desproporcionalidad acotada, un reparto injusto de los escaños dentro de un rango permisible que sirve para justificar una forma de premiación al partido más votado y castigar a los partidos menos votados. Se argumenta, además, que ese esquema de desproporcionalidad (o de proporcionalidad aproximada, si se le quiere apreciar de modo optimista) fue diseñado como alternativa a la pérdida progresiva del partido gobernante de su condición hegemónica (y luego sólo dominante), para permitirle sobrevivir en un contexto inédito de alternancia política, gobierno dividido y competitividad electoral.
El sistema electoral mixto mexicano resultante de la reforma
constitucional de 1996-97 está estigmatizado por esa desproporcionalidad
acotada. Eso se traduce en una distribución injusta de los escaños, puesto que idénticas
porciones de votantes no se ven reflejadas en idénticas porciones de escaños.
A pesar de ello, es posible que dicho sistema electoral ayude a la
consolidación democrática a condición de ser reformado en el sentido de una
reducción sustantiva del rango de sobre y subrepresentación, hasta donde sea
posible; esto es, de que la proporcionalidad electoral no sea aparente ni
injusta, sino efectiva y justa.
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