Miguel González Madrid
Desde esta fecha (13 de julio de 2012) y hasta
-a más tardar- el 6 de septiembre próximo, el duelo argumentativo en torno a la
invalidez (y nulidad) o, al contrario, validez de la elección presidencial,
realizada el pasado 1 de julio de 2012, pone, de un lado, a la Alianza
Progresista y a AMLO, inspirados principalmente en el interesante libro de John
M. Ackerman (Autenticidad y nulidad. Por
un derecho electoral al servicio de la democracia, recién editado por la
UNAM, México, 2012), aunque también en cuatro o cinco casos locales de nulidad
de elecciones que procedió con base en una extensión interpretativa de la
llamada "causal de nulidad genérica" (algo así como un sustituto de
la antes llamada "causal de nulidad abstracta"); y, del otro, al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha creado un amplio
sistema jurisprudencial en materia electoral que es la envidia de los sistemas
de justicia electoral en América Latina, seguramente apuntalado por su decano y
prestigiado Doctor Flavio Galván Rivera y su experimentado equipo de
proyectistas, además del aporte que puedan hacer los otros seis magistrados de
la Sala Superior de ese Tribunal (si acaso alguno de ellos no está impedido
para participar en el juicio), apoyados por los otros equipos de proyectistas.
En tanto, el Instituto Federal Electoral (IFE),
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y
otras autoridades (no electorales) podrían ser requeridos para aportar
elementos que puedan ayudar a desahogar satisfactoriamente, en el marco de las
expectativas de un Estado constitucional democrático de derecho, el o los
juicios de inconformidad interpuestos, cuyo plazo venció el día jueves 12 de
julio de 2012. Otros actores, como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) seguramente irán como terceros interesados
en dicho juicio.
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