Transparencia gubernamental. Tlaxcala reprueba en la materia.

Publicado en ABC Noticias Tlaxcala en su edición del viernes 6 de agosto de 2010 (ligeramente modificado por el autor).

Miguel González Madrid
Docente e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en cuestiones de políticas públicas, gobiernos locales, teorías de la democracia, teorías del Estado y derecho electoral.

e-mail: mgmundouno@yahoo.com.mx

En su edición on line de 4 de agosto de 2010 El Universal publica una nota sobre el desagradable último lugar que ocupa el Estado de Tlaxcala en materia de transparencia gubernamental. La información proviene de una investigación del CIDE por encargo de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax), y actualiza la condición (y mala fama) con la que el Estado más pequeño de la República mexicana se ha dado a conocer en los últimos años, por lo menos desde que se legisló localmente en esta materia.

En coincidencia con ese dato, en el número 29 de 2010 de aregional.com institucional, se publica el “índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas” correspondiente a 2010, y Tlaxcala se encuentra en el último lugar. La medición de ese índice considera diversos aspectos y permite llevar a cabo una evaluación de la eficiencia de la función pública en cuatro rubros, a saber: “1. La congruencia entre las prioridades establecidas en los respectivos Planes Estatales de Desarrollo y los recursos ejercidos. 2. El uso de los recursos públicos. 3. La racionalidad en la asignación del gasto público. 4. La presentación clara y detallada de la información estadística, la cual permitirá no sólo verificar que no existan distorsiones en la asignación del gasto, sino también el grado de apertura y transparencia que tenga cada gobierno respecto a su información”. Desde luego, diversas entidades públicas del Estado de Tlaxcala sujetas a transparentar la información pública -de un total de 139, que incluye a los municipios y los partidos políticos- poco o nada se preocuparon por fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a través de una serie de indicadores derivados de la aplicación de las disposiciones legales en la materia.

¡Qué pena por los tlaxcaltecas!… ¡Qué pena por los gobernantes y los responsables de entidades públicas (con alguna excepción) que han caído en la tentación de ocultar información que por ley debe ser del dominio público, quizás por ignorancia, por desinterés o intencionalmente, o todo junto a la vez! Esa sola nota discordante en una sociedad que aspira a sobrevivir con una democracia vigorosa, libertades plenas, derechos realizables, justicia operante y transparencia gubernamental efectiva, revela la terrible debilidad de quienes, al mismo tiempo, reúnen en corto tiempo poder político escasamente controlado, usan discrecionalmente dinero público y celebran bulliciosamente -a veces con cinismo- decisiones que vulneran el interés público, agravian derechos de los gobernados o afectan otras esferas competenciales. Sin duda, hay mucho por hacer -demasiado en el caso de Tlaxcala- para alcanzar un lugar ejemplar en materia de transparencia gubernamental en el comparativo local. Los periodos de ejercicio del Gobernador, de los ayuntamientos y de la legislatura local, concluyen a mediados de enero de 2011, y será difícil enderezar acciones o diseñar e implementar otras orientadas a cumplir cabalmente con obligaciones constitucionales y legales en esta materia (aunque ya se emprende, por ejemplo, el uso de cámaras vigilantes de la realización de obra pública que supere montos de inversión de 500 mil pesos, y esta deberá ser parte del tipo de acciones irreversibles).

Pero, entonces, ¿qué harán los venideros gobiernos municipales, la nueva administración estatal, los diputados locales y quienes continúan en el ejercicio de la función pública? Según el informe sobre Democracia, Mercado y Transparencia 2009, difundido en enero de 2010, que proclama y documenta el ejemplo de Nueva Zelanda y Dinamarca como “los líderes del desarrollo” por tercer año consecutivo, son tres los pilares indispensables e inescindibles que hacen al desarrollo, y que los gobiernos deben garantizar: las libertades democráticas, la economía de mercado y la transparencia gubernamental. Nosotros, ¿qué hemos hecho al respecto?

México ha incursionado desde la década de 1990 por el sendero de una economía de mercado liberalizada, anticipada por una vasta acción de des-incorporación de empresas paraestatales, reducción del déficit de las finanzas públicas y creación de programas sociales asistenciales para combatir la pobreza extrema, pero el crecimiento económico ha sido marcadamente desigual entre sectores, bastante lento en el comparativo mundial y sin capacidad para generar fuentes de empleo al mismo ritmo que requiere el crecimiento de la población. Del mismo modo, la economía se ha visto gravemente afectada por la especulación financiera, el miserable desempeño de la banca, la des-inversión pública y la recurrente quiebra de empresas incapaces de adaptarse a la vorágine de la competencia mercantil y la innovación tecnológica. Desde fines de la década de 1970, México ya había comenzado a caminar por el sendero de la liberalización política-electoral, enseguida se presumió un tránsito a la democracia y se echó a volar prematuramente la imaginación cuando los resultados de la elección presidencial de 2000 tuvieron como consecuencia un cambio de partido gobernante; no obstante, se concede el beneficio de la duda de que por este sendero, por etapas, hemos caminado con mayor certidumbre. Aun así, está pendiente una reforma política que empodere a los ciudadanos y que nos haga soñar que nuestras instituciones políticas serán reestructuradas. Sin embargo, de entre los tres aspectos básicos para lograr un país desarrollado cabalmente, el de la transparencia nos trae de cabeza. Los mexicanos, y especialmente los tlaxcaltecas, no terminamos de entender que si la opacidad gubernamental persiste ella será ráfaga pura que atice a la corrupción.

Una sociedad en la que se pretende un ejercicio pleno de derechos y libertades, una recuperación loable de la dignidad humana, un crecimiento equilibrado de los sectores de la economía, un desarrollo de capacidades institucionales, un desempeño gubernamental próximo a la gente, el aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas y la participación activa de vecinos y ciudadanos en general en los asuntos públicos, podría quedar amenazada por el lado más oscuro de la naturaleza humana: la propensión a ocultar aquellos recursos y acciones que en apariencia nos hacen poderosos, casi invencibles por un tiempo. Sin duda, la reiterada resistencia a la transparencia gubernamental se ha enquistado en todos los rincones donde se ejerce poder político y debería ser sancionada severamente. Una sanción contundente podría ser la revocación de mandato, por medio de juicios sumarios. Así de simple, pero necesario. El legislador local ya tiene tarea, de entre muchas para la agenda legislativa 2011-2013. En definitiva, hay que romper el hechizo de esa manera, a falta de guillotina para quienes pasan como burdas copias de reyes absolutistas.