Pensiones, economías flácidas y Estado inoperante. El miedo al bienestar social
Miguel González Madrid
Se encuentra en su inicio una nueva oleada de ataques en contra de lo que queda del “Estado del Bienestar”. La crisis de esta forma de Estado inició en la década de 1970, pero en el transcurso de 35 años las políticas sociales o de bienestar social han estado agonizando con pausas estentóreas, y esto significa que en muchos países, como en México, tenemos Estados inoperantes, gobiernos ilusorios y economías flotantes: las economías y los niveles de empleo no crecen, aunque se mantienen a flote en medio de recesiones y pequeñas crisis; los gobiernos no cuentan con planes que den certeza a la vida colectiva y las políticas son simples medidas ilusorias para “irla pasando”; las administraciones públicas son desbordadas por miles de peticiones de servicios ordinarios a los habitantes, mientras un mayor número de familias satisface sus necesidades cotidianas medianamente y medio cura sus padecimientos con remedios caseros; a los gobernantes no les alcanza la imaginación y tampoco la saliva para seguir con sus discursos entretenedores; quienes concluyen sus periodos de gobierno se sienten desconsolados por no haber llegado a la meta y lamentan no haber tenido en sus manos máquinas de hacer dinero para invertir en lindos proyectos soñados en sus campañas electorales… En fin, todo esto parece el fin… o a veces parece más bien no tener fin. (Una sonrisa ante un juego de palabras puede también aligerar la carga pesada que ya tenemos sobre nuestras cabezas, sólo de pensar cómo podremos morir con cierta tranquilidad, incluso sin haber satisfecho un tercio –o menos– de nuestras aspiraciones en este mundo).
Encima de todo eso, más y más angustia por lo que está por venir se aglomera en nuestros corazones y provoca que nuestro cerebro se atrofie a falta de oxígeno, pues el retazo que queda del “Estado de bienestar” es disputado de todos lados, hasta convertirlo en vil “hilacho”. Como ya no hay riqueza social que alcance y dure, desde hace un buen rato estamos condenados a trabajar y trabajar, tal vez hasta desfallecer, acaso alentados por ese segmento de la ideología dominante que nos hace masticar el gran valor de una vida de sacrificios sin lamento alguno.
En tanto, en Francia, con el exangüe Sarkozy a la cabeza, una mayoría parlamentaria conservadora ha decidido anticiparse al próximo invierno con una adición de dos años a los sesenta que ya se requerían para que los trabajadores franceses pudieran tramitar su jubilación y obtener una pensión mínima, y una adición de dos años a los sesenta y cinco para recibir una pensión total. La revuelta social y la interminable inconformidad de diversos sectores de la población no han sido suficientes para que la clase gobernante encabezada por Sarkozy cese sus intenciones de dejar caer una pesada lápida sobre la espalda de los sufridos franceses. Francia muere, ya no es el país de gobiernos revolucionarios; Sarkosy sólo languidece ante el creciente descontento social, y su imagen es apenas una triste caricatura del gobernante vencido por la inmediatez.
A su vez, según noticias de diarios europeos en sus ediciones impresas y electrónicas del 20-22 de octubre de 2010, en la tierra pionera de las revoluciones y los movimientos obreros modernos, el gobierno británico apura un gran recorte de trabajadores del sector público y el sector privado que le permitiría generar un “ahorro” de alrededor de 126 mil millones de dólares (80 mil millones de libras esterlinas) en un plazo que vencería en 2015. Para ello se han aliado conservadores y liberales demócratas. Las medidas prevén un despido acumulado de 500 mil burócratas y otro tanto de trabajadores de empresas privadas. Las consecuencias podrían ser, según las primeras críticas londinenses, más pobres, deterioro de los servicios públicos y mutilación del Estado del bienestar. Sin embargo, George Osborne, ministro de Economía, justifica las medidas con la estimación de que el “ahorro” servirá para seguir financiando el Sistema Nacional de Salud y los requerimientos de las escuelas; de su boca se insiste en que esto significa “algunas decisiones difíciles”, pero “son justas” (¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y más ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡).
He aquí, por ejemplo, la reproducción de gran parte de la nota publicada al respecto en el Diario de Madrid, en su edición electrónica del 22 de octubre de 2010 (http://www.diariomadrid.eu/__n1632330__El_Gobierno_britanico_defiende_su_drastico_programa_de_recortes.html):
Las medidas anunciadas el miércoles, más profundas que las que decidió la 'Dama de Hierro' Margaret Thatcher en los años 80, supondrán la destrucción de medio millón de empleos en el sector público -a los que podría sumarse otro medio millón en el sector privado- y suponen un duro golpe para el Estado de bienestar, instaurado tras la Segunda Guerra Mundial. Osborne justificó en la radio BBC la decisión de "poner freno al aumento de las facturas de las prestaciones" sociales en la necesidad de seguir financiando el Sistema Nacional de Salud (NHS) y las escuelas. "Esto implicó algunas decisiones difíciles, pero creo que son decisiones justas", agregó la mano derecha del primer ministro, David Cameron. En otra entrevista con la televisión, agregó que "el 10% más rico es el más golpeado" pero precisó que "todo el mundo debe estar en esto junto", negando las críticas e insistiendo en que la única alternativa es "la ruina económica". El prestigioso Institute for Fiscal Studies (IFS) alertó sobre el efecto "regresivo" de los recortes, que incluyen una reducción de los subsidios sociales por valor de 18.000 millones de libras (20.000 millones de euros), por golpear más a los pobres que a los ricos. Su director, Carl Emmerson, explicó que la reducción de las prestaciones impactará más a "la mitad inferior de la pirámide de ingresos que a la mitad superior". Al mismo tiempo, afirmó que "reducirá la cantidad y la calidad de algunos servicios públicos", y recomendó una revisión del plan dentro de dos años. Por último, el IFS estimó que las finanzas públicas "a menudo no se comportan como uno espera", por lo que es "bastante posible que se necesiten más subidas de impuestos y recortes del gasto" para acabar con el déficit. El objetivo del Gobierno de Cameron es reducir en cuatro años al 1,1% el déficit actual del 10,1% del Producto Interior Bruto (PIB) que heredó de su predecesor laborista, Gordon Brown, debido en gran parte a las medidas tomadas después de la crisis financiera. Los laboristas, que coinciden en la necesidad de reducir un déficit excesivo, denunciaron sin embargo que este plan "sumamente radical", con objetivos tan políticos como económicos, corre el riesgo de frenar la vacilante recuperación del Reino Unido, que salió de una larga recesión al final de 2009."Lo que mucha gente vio ayer es un presupuesto que es crecientemente señalado como injusto e insensato e incluso falso con respecto a algunas estadísticas, es un regreso de lo que esperan del partido conservador", declaró en una entrevista radiofónica el portavoz laborista de Economía, Alan Johnson. El diario de izquierda The Guardian denunció por su parte "una especie de golpe político", en un artículo de opinión en el que denuncia que Cameron y sus ministros "quieren terminar lo que comenzó Thatcher". "La coalición liderada por los Tories está utilizando la crisis económica no sólo para controlar el Estado, sino para reordenar a la sociedad. Es la culminación del proyecto conservador para desmantelar el corazón del Estado del bienestar que comenzó hace más de 30 años", afirmó.
¿Y qué tiene que ver esto con México, país de mil confrontaciones y muertos por doquier, si ya tuvimos bastante con fallidas reformas al IMSS y una “nueva ley del ISSSTE” que prorroga el plazo para que los trabajadores afiliados en este sector trabajemos más, porque dinero no hay para nuestras pensiones? ¡Ah!, pues que, por ejemplo, para el caso de los trabajadores universitarios, pronto nos encontraremos con otro embate de políticas anti-sociales impuestas por gobernantes inoperantes que ni sufren ni se acongojan (todavía no se sienten agobiados, ni languidecen). No hace falta estar en Francia para calcular lo que podría venir en unos cuantos meses o acaso pocos años. Si no, lean la siguiente nota que se desprende de un documento avalado por la Secretaría de Educación Pública (fechado originalmente en agosto de 2009):
Pensiones ahogan a educación superior
Lunes 25 de octubre, 01:00 AM
Nurit Martínez MÉXICO, D.F., octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Diez universidades del país están en una situación financiera "insostenible", derivada de la carga que enfrentan por el pago a trabajadores jubilados y pensionados; en otras 11 instituciones el déficit de recursos las coloca en condiciones "críticas o muy críticas", revela un estudio actuarial realizado a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Frente a este panorama, la SEP recomendó a las universidades establecer una edad de 65 años y 40 de trabajo como mínimo para el retiro; "suspender o disminuir las pensiones a quienes se las hayan otorgado sin razón alguna", y emprender reformas a los contratos colectivos para pagar compensaciones a trabajadores que aun al estar ya en condiciones de retiro decidan seguir en sus labores.
El estudio actuarial asegura que la deuda o pasivos por jubilación en todas las universidades públicas del país ascienden a 449.5 mil millones de pesos, recursos con los que se podría financiar a 300 mil estudiantes, académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los próximos 16 años.
La "Evaluación del ahorro y diagnóstico de los resultados obtenidos por las reformas a los beneficios que otorgan a sus trabajadores", que realizó por encargo de la SEP el actuario Carlos Jorge Soto Pérez entre 33 universidades públicas estatales, afirma que la situación que viven 21 de ellas no sólo puede desestabilizar la economía de las instituciones, sino también la de los estados y la del gobierno federal.
A partir de un seguimiento hecho a esta situación desde 2000, la SEP encontró que el déficit acumulado en las universidades públicas por concepto de pensiones y jubilaciones ascendía (a valor de 2008) a 701 mil 143 millones 749 mil pesos.
Les "pega" envejecimiento
Desde 2002 se iniciaron reformas a los contratos colectivos de 28 de 33 instituciones para crear fondos de retiro, prolongar la jubilación de sus maestros y personal administrativo, además de eliminar prácticas como el derecho a retiro a los 20 o 25 años de servicio, con la opción de seguir trabajando en la misma plaza.
Para ejecutarlas, la SEP asignó siete mil 077 millones de pesos hasta 2009, con los que logró que el pasivo se redujera a 449.5 mil millones de pesos.
A pesar de esas reformas, que en su momento fueron consideradas un "ejemplo" para emprender modificaciones a los esquemas de seguridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las universidades estatales de Zacatecas, Veracruz, Sonora, Morelos, Michoacán, estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen se enfrentan a una situación "insostenible".
Las que están en situación "crítica" o "muy crítica" son las de Oaxaca, Nayarit, Durango, Tabasco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
Sólo tres universidades, las de Baja California, Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora, tienen la "suficiencia" de financiamiento para enfrentar el número de trabajadores que se retirarán en los próximos 100 años.
El documento, que hace una proyección sobre lo que ocurrirá en las escuelas como consecuencia del "envejecimiento" de su personal, refiere que cinco universidades tienen "casi resuelto" el esquema de retiro de sus trabajadores.
Las universidades de Guadalajara, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Baja California Sur y Sinaloa están próximas a encontrar una alternativa, pero si no emprenden reformas desde hoy su situación se complicará entre 2023 y 2033.
Para otras cuatro instituciones la situación está "medio resuelta".
Se trata de las universidades de Hidalgo, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí. Los recursos y acciones emprendidas ahí les otorgan una suficiencia económica hasta 2021.
Si bien a nivel nacional se contabiliza un trabajador jubilado o pensionado por cada seis en activo, lo que se advierte es que cada vez hay una mayor presión sobre las finanzas de las universidades, ya que hace tan sólo una década había un pensionado por cada 11 en activo.
Las recomendaciones
Los resultados de este estudio actuarial fueron presentados por la SEP a los rectores de las 33 universidades.
Entre las principales recomendaciones propone una reforma para ampliar el esquema para el retiro de los trabajadores.
Establece una edad mínima de 65 años y 40 de servicio en la institución.
Incluye también la creación de estímulos a la permanencia, es decir, entregar una compensación salarial de 10% a quienes en lugar de jubilarse sigan laborando; se deberán eliminar las dobles pensiones, se fomentará que los trabajadores realicen aportaciones a su fondo de retiro y se desligarán los aumentos a las pensiones de los incrementos contractuales, para atarlos al aumento del salario mínimo o al del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El reporte considera que "estas modificaciones, seguramente poco populares entre los afectados, corresponden a una postura realista, pues si no es posible garantizar en el largo plazo los beneficios pactados, es necesario ajustarlos a los niveles que permitan su adecuado financiamiento".
Advierte que se deberá "crear conciencia" en la sociedad sobre el "futuro sumamente crítico" que les espera a las instituciones y al país por el envejecimiento poblacional.
El análisis prevé que con estas medidas "haya una fuerte y cerrada oposición gremial".
Por si fuera poco lo que podría ser motivo para un infarto, el documento de 100 páginas que desde la Secretaría de Educación Pública se hizo circular en las oficinas de los rectores universitarios, con rubro “Evaluación del Ahorro y Diagnóstico de los Resultados Obtenidos por las Reformas a los Beneficios que Otorgan a sus Trabajadores 2002-2008”, recomienda lo siguiente, entre otras cosas:
- “Una condición básica para darle viabilidad financiera a los sistemas es eliminar las pensiones que se otorgan sólo por años de servicio, fijando una edad mínima para obtener el derecho a una pensión”.
“Esa modificación, seguramente poco popular entre los afectados, corresponde a una postura realista, puesto que si no es posible garantizar en el largo plazo los beneficios pactados, es necesario ajustarlos a niveles que permitan su adecuado financiamiento; con ello, aunque habría una pérdida, esta sería comparativamente menor al hecho de que tales beneficios se tornen irrealizables”.
- “En el ámbito gubernamental, se deberá delinear una política de pensiones públicas que, reconozca la disparidad y falta actual de equidad, así como la necesaria homologación en la materia. Así, se deberá tender a igualar las condiciones de retiro entre hombres y mujeres, reducir —o al menos contener— el crecimiento de algunas prestaciones, y analizar la conveniencia de monetizarlas y mantenerlas constantes en valores nominales”.
“Como parte de lo anterior, deberá revisarse, a la brevedad, la suficiencia de las aportaciones, si estas existen, y estudiar opciones que permitan incrementar su monto o fijar las que correspondan en los casos en que no existan”.
- “Adicionalmente, se requiere con urgencia de la constitución generalizada de fondos para subsanar el déficit relativo a las pensiones en curso de pago y las de la generación actual, con la finalidad de que los rendimientos financieros que se obtengan contribuyan a equilibrar las obligaciones con los recursos para hacerles frente”.
Con sentido común, sólo basta deducir lo siguiente: si una economía deja de crecer o no crece al mismo ritmo que el de las necesidades cotidianas u ordinarias, además de que cada año se reduce el ingreso real promedio de los trabajadores, no habrá riqueza social que alcance para mantener las instituciones y pagar los servicios públicos gratuitos, aunque hay una clase de “servidores públicos” que lo mismo les da que llueva, truene, hiele o amanezca soleado. Así que, como los jubilados pasan ante los ojos de los gobernantes como una estorbosa carga social y no hay dinero público para un retiro justo y digno, a algunos de ellos (políticos que viven sólo del dinero público con el menor esfuerzo posible y que creen que sólo han nacido para gobernar y declarar las desgracias sociales) se les ha ocurrido también que millones de trabajadores en sucesivas generaciones nos jubilemos con una edad avanzada que esté muy próxima al momento en que, contra nuestra voluntad, tengamos que abandonar este mundo.
Usted, que posiblemente no quiere continuar viviendo con resignación y tampoco espera que las cosas se compongan milagrosamente en el 2011, ¿qué opina de este tema?
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