Miguel
González Madrid
Carlos Loret de Mola publicó, en El Universal en línea, el día siete de
marzo de 2012, una colaboración bajo una denominación sintomática: «El IFE: ese “pinche
desmadre”». Dicha colaboración
comienza exactamente con esa expresión: «“¡Esto es un pinche desmadre!”, espetó uno de
los recientemente incorporados consejeros del IFE. Dejó caer sobre su
escritorio un pesado expediente de proyecto de resolución que le acababa de
llegar y que, si se atendieran las formalidades, tendría que terminar de leer,
analizar y opinar para la sesión del día siguiente».
Lo que dice Loret de Mola permite armar un buen
tema para una investigación especializada o para una tesis de grado, el cual
podría versar sobre "La falta de liderazgo en el Consejo General y de eficacia
del IFE", o algo parecido, porque las atribuciones de este Instituto no
tienen como único fin el de organizar o administrar las elecciones federales y los
tiempos en radio y televisión que se pueden utilizar en los procesos
electorales locales y federales, sino también el de saber conducir y coordinar
el entramado de actores políticos, el de prever posibles acuerdos, etcétera,
todo lo cual va encaminado a garantizar la certeza del proceso electoral, pero
eso requiere necesariamente de liderazgos, de consensos y, desde luego, de entender
la aplicación del derecho –no sólo de la ley escrita, con todo y sus omisiones
y conflictos normativos– a todos los actos y las etapas del proceso electoral.
El Consejo General, por ello, debe mostrarse como una genuina autoridad, no
como un simple atado de personajes, sin pies ni cabeza.
En verdad, para que la actuación de un órgano
como el Consejo General del IFE no dé bandazos, deje de ser motivo de malestar,
no se contradiga con frecuencia con el sentido de las sentencias del TEPJF,
tenga los proyectos de acuerdo debidamente integrados y consensuados, mantenga
una línea constante de votación mayoritaria entre sus miembros, genere un
ambiente de sana comunicación con los representantes de los partidos, evite la
confrontación con los medios de comunicación, tenga autoridad suficiente y, por
tanto, proyecte confianza en el quehacer de las instituciones electorales del
país, es necesario: 1) contar con un presidente consejero con liderazgo, sin
vanidades y con capacidad para unificar los criterios aplicables en los
acuerdos y las resoluciones; y 2) un cuerpo de expertos en materia
jurídica-electoral (abogados y politólogos) con una mentalidad abierta –pero ordenada
y apegada a principios fundamentales de proporcionalidad y razonabilidad– que
tenga bien claro el espectro de intereses políticos, pero, sobre todo, los
alcances posibles de la aplicación del derecho al proceso electoral federal.
Además, para armar los proyectos de acuerdos o
de resolución, el presidente consejero debe reunirse siempre con las comisiones
o con todos los consejeros para consensuar previamente esos acuerdos o
resoluciones, y más cuando está en curso avanzado el proceso electoral. Incluso
es conveniente que los proyectistas tengan una idea clara de lo que los
consejeros quieren con base en esos consensos previos.
Por lo demás, no deja de ser una preocupación
académica y política el hecho de que el IFE –y el Consejo General en particular–
están sobrecargados de atribuciones. Una próxima reforma constitucional y legal
en materia electoral debe llevarse sobre la base de lograr, entre otros
objetivos, una restructuración de ese organismo electoral que implique
descargarlo de atribuciones que tienen que ver, por ejemplo, con los llamados
procedimientos sancionadores, incluso con la administración de tiempos en radio
y televisión para procesos electorales federales y locales, porque, si el IFE
apenas puede con el proceso electoral federal, para qué convertirlo en un
mastodonte que un mal día llegue a estorbar los procesos electorales locales,
sobre todo si la historia de falta de liderazgos se repitiera. Dicha reforma, sin duda, deberá considerar otros temas que han estado en el centro de los debates sobre la eficacia de las normas aplicables a las elecciones en México: la falta de regulación del derecho de réplica, la desaconsejable difusión de mensajes de precampaña y campaña electoral a través de spots, la innecesaria larga fase de precampañas, el absurdo distanciamiento entre la fase de precampañas y la fase de campañas, etcétera.
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