DATOS PERSONALES

Politólogo y Maestro en Derecho Electoral / Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (México City). Especialista en temas de Políticas Públicas, Federalismo, Gobiernos Locales y Derecho Electoral. e-mail: mgmundouno@yahoo.com.mx

miércoles, 28 de julio de 2010

Democracia Interna de los Partidos: Déficits e Ilusiones

Publicado en ABC Noticias Tlaxcala en junio de 2010 (ligeramente modificado por el autor).Partidos y magra democracia en sus procesos internosMiguel González Madrid
Docente e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en cuestiones de políticas públicas, gobiernos locales, teorías de la democracia, teorías del Estado y derecho electoral.
e-mail: mgmundouno@yahoo.com.mx
A finales del siglo XX, Luis Javier Garrido, uno de los estudiosos más críticos del Partido Revolucionario Institucional, decía que, en el mundo, «el problema de la democracia ha sido muy debatido pero poco resuelto en el interior de los partidos políticos», y no se diga esto sólo de los partidos que han tenido una larga vida y que en sus orígenes conocieron el dominio de caciques o jefes políticos locales. En cierto modo, esta característica aparece también en los partidos que se han creado en los últimos decenios, ligados a intereses familiares o a grupos políticos que se identifican con dos o tres figuras que destacan por su liderazgo político, por su poder económico o por su sapiencia. Triste noticia para algunos ciudadanos; para otros, en cambio, ello es ordinario, porque el ser humano siempre espera un mesías, un guía, un iluminado, genuino o aparente, cuerdo o loco, pero al fin de cuentas alguien en quien se pueda encontrar una motivación para lograr algún tipo de cambio (social, político, religioso...) o con quien se pueda encontrar una señal distinta hacia nuevos derroteros, incluso en una trayectoria por donde corren las fantasías, el delirio o la obstinación.

En la actualidad los partidos políticos se ven obligados a democratizar sus procesos de selección de dirigentes y candidatos a cargos de elección popular, y para eso han tratado de mejorar sus estatutos o, de plano, proceden de ese modo sentenciados por los tribunales electorales. Cuando los partidos son pequeños o de reciente creación, los procedimientos estatutarios parecen coincidir con la intención de sus dirigentes de cerrar el círculo para decidir quiénes habrán de ser postulados como candidatos. En esos casos no existe la pluralidad de grupos o de corrientes, y la opinión dominante suele ser la de los dirigentes fundadores; por tanto, la democratización de un partido político no podría evaluarse sólo a través de sus estatutos, sino también de sus actos.

En los partidos políticos con una amplia presencia territorial y política, en los que la diversidad de grupos y corrientes influyen los procesos de selección de candidatos, en principio puede haber una remisión a los estatutos para dirimir la cuestión, pero es común que los arreglos internos se den para evitar resultados abruptos que estén fuera de la lógica de las expectativas de los dirigentes en turno. En todo caso, los intereses de grupos y corrientes tratan de justificarse por medio de convocatorias abiertas para elegir candidatos entre aspirantes que han pasado algunas de las pruebas preliminares para obtener su registro como precandidatos.

El uso de reglas y procedimientos estatutarios, en primer lugar, son una manera de justificar intereses dominantes o arreglos entre grupos políticos, particularmente cuando hay la intención de seguir disputando los altos cargos dirigentes y los cargos de elección popular más importantes. Sin duda, es mejor un partido con estatutos que contemplen procesos democráticos, que un partido con estatutos que dejan al azar -a decisiones discrecionales o a simples ocurrencias- sus procesos de selección de candidatos. En segundo lugar, el uso de reglas y procedimientos estatutarios para seleccionar candidatos, cual sea su tipo y el partido político, tiene un costo político. Evidentemente, la inserción de nuevos y numerosos partidos en el sistema político tiene el efecto de reducir drásticamente el margen y la calidad de mayoría que puede conseguir cualquiera de ellos, sobre todo si la competencia electoral se basa en principios y políticas de equidad e imparcialidad.
La estrategia para ganar más votos y posiciones, consistente en revalorar las virtudes y capacidades de los candidatos, parece no estar en la agenda de las dirigencias. Al contrario, al margen de quién sea el candidato o la candidata, lo que parece contar es el arreglo entre grupos políticos: tal parece que lo que importa es ganar a toda costa, en alianzas pactadas entre el cielo y el infierno, a fin de que la especie política subsista. Ahí, los principios y convicciones no importan. Curiosamente, este fenómeno no parece afectar, por ejemplo, sólo al PRI o al PRD o al PAN; es parte de la naturaleza de los partidos. En muchas partes del mundo se coaligan izquierdas y derechas, pro-clericales y legos, pobres y ricos, justos y pecadores. Pero, en contra de los arreglos políticos, que generalmente pasan por alto los derechos político-electorales de los ciudadanos y los principios democráticos, se tiende a imponer un manto de justicia electoral para salvaguardar la primacía constitucional. Sólo por señalar grosso modo algunos ejemplos: En 2003, la autoridad jurisdiccional electoral juzgó casos como los siguientes: con respecto al PRD, en el Distrito Federal, el IEDF resolvió que dicho partido debía volver a realizar sus procesos de selección de candidatos a diputados locales y jefes delegacionales. En el PAN, por su parte, el negrito del arroz fue puesto por la denuncia presentada por la Doctora Alicia Sobrado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en contra del procedimiento por el que Laura Zapata había sido postulada candidata a diputada federal por el distrito 26, en el Distrito Federal; y lo mismo ocurrió con un precandidato del PRI a diputado federal por Coahuila, cuyo caso juzgó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el sentido de la sentencia le fue favorable.

Puesto que en todos los partidos se registran problemas de selección de candidatos y tratan de proteger las cuotas de poder para evitar escisiones abruptas, alguien podría alegar, entonces, que la imagen del candidato no es lo importante. Pero hay tres cosas que deben ser tomadas en cuenta: primero, que las pérdidas se distribuyen entre un número más grande de partidos, lo cual crea la ilusión de que los partidos más grandes dejan de crecer (en realidad, crecen a menor velocidad); segundo, al ocurrir el mismo fenómeno en varios partidos, las preferencias electorales varían con mayor frecuencia y el índice de volatilidad del voto crea mayor incertidumbre acerca de quién puede ganar una elección determinada; y tercero, quienes comandan a los partidos políticos parecen apostar más por su propia maquinaria electoral que por las virtudes y capacidades de los candidatos, jugando al reparto interno justificado con la aplicación de reglas estatutarias, con el consecuente desplazamiento de políticos que no están considerados en el círculo estrecho de las dirigencias, a pesar de su talento, de su representatividad o de su aportación al mantenimiento del partido.

Como cuestión a resolver en el corto y mediano plazo, vale la pena plantear si lo que los partidos políticos requieren adoptar no es precisamente una estrategia para recuperar: a) los liderazgos naturales, b) sus militantes con talento y c) los políticos que han aportado esfuerzo en la conducción política institucional, a fin de equilibrar la distribución de candidaturas y evitar que, en el mediano plazo, los arreglos internos entre grupos y corrientes lleven al colapso a un partido que, desde sus bases sociales, apenas está logrando estabilizar su votación declinante. Por otra parte, es necesario que la consulta para seleccionar candidatos deje de ser puramente plebiscitaria o, peor, con la ilusión individualista de que "todos los demás están de acuerdo", con el consecuente engaño a los ciudadanos y un probable fraude a la ley, pues como bien afirma Ricardo Haro, en un estudio sobre «elecciones primarias» en los partidos políticos, «el ciudadano común se siente realmente un “convidado de piedra” y, a la vez, impotente y resignadamente obligado a firmar un cierto “contrato de adhesión” ante la imposición de los [pre] candidatos por el partido [o una coalición]; [pre] candidatos que él no pudo seleccionar y que otros designaron por él, lo cual le quita la indispensable libertad y el interés en un proceso electoral gubernamental en el que percibe como alienante su intervención».

Finalmente, una combinación ponderada de diversos métodos de consulta (encuestas, primarias abiertas, evaluaciones de desempeño militante, convenciones, etc.) puede ayudar a los partidos –y a las coaliciones, sobre todo cuando éstas son represivas– a resolver con eficiencia y justicia la cuestión del proceso de selección interna de candidatos, incluso de dirigentes. Esta alternativa dejaría atrás la preferencia por un solo método y reduciría el riesgo que implica experimentar con uno o con otro método. La otra opción, que haría eficiente el desempeño de los partidos políticos, consiste en trasladar las elecciones primarias (sean abiertas o cerradas) de los partidos a la misma elección oficial de cargos públicos, como en el sistema de doble voto simultáneo, cuyo prototipo es el sistema de lemas y sub-lemas uruguayo (por cierto, reformado en 1996).

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